Ni en la pandemia la Corte renuncia a su seguro “vip” de G. 318.000 millones

Reclamar Pytyvõ

A contramano de la austeridad que practica toda la ciudadanía a consecuencia de la crisis que acarrea el coronavirus, la Corte Suprema de Justicia llamó a licitación para contratar seguro privado médico para sus funcionarios a un costo de más de G. 318.000 millones, a fin de garantizarse un trato “vip” a costa del contribuyente.

Alberto Martínez Simón, Ministro de la Corte Suprema de Justicia
Alberto Martínez Simón, Ministro de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia realizó un llamado a licitación para “contratación de servicio médico sanatorial integral para los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)” por este año, indicando en el mismo llamado que el costo estimado es de G. 318.240.000.000.

Mientras el ciudadano común pese a las restricciones y limitaciones para trabajar tiene que rebuscarse para sobrevivir y además pelear para eventualmente ser atendido en hospitales públicos con potencial panorama de colapso, los funcionarios de la Corte que en su mayoría tienen sueldos elevados además contarán con este seguro vip.

La resolución que faculta a realizar el llamado tiene la firma del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, además de los ministros María Carolina Llanes y Antonio Fretes y fue firmada el 31 de marzo pasado, ya en plena vigencia de la crisis sanitaria a consecuencia del coronavirus.

Según consta en el llamado a licitación vigente en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el millonario gasto está en etapa de presentación de ofertas, plazo que culmina el próximo 23 de abril.

La mayoría de las instituciones públicas incluidas las hasta hace poco intocables binacionales– se vieron obligadas a recortar gastos superfluos tales como escandaloso beneficios o incluso sus millonarios sueldo, actitud que pare no inmutar a la Corte Suprema de Justicia.

Esto además se da en medio de un debate abierto sobre un supuesto plan de Reforma del Estado impulsado por el Ejecutivo y parte del Poder Legislativo para recortar gastos superfluos y beneficios exagerados de los funcionarios estatales.