Denuncian a cónyuge de funcionario público por cobro irregular de Pytyvõ 2.0

Reclamar Pytyvõ

La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra una mujer que sería cónyuge de un funcionario permanente del Ministerio del Interior por cobrar de manera irregular el subsidio Pytyvõ 2.0.

Fachada de la Secretaría Nacional Anticorrupción.Foto: Gentileza

La denuncia presentada a la Fiscalía contra una ciudadana, cónyuge de un funcionario del Ministerio del Interior, es por los delitos de estafa, declaración jurada falsa y adquisición fraudulenta de subvenciones.


El escrito fue presentado por René Fernández, titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), y Juan Federico Hetter, director General de Asesoría Jurídica, y solicitan que el caso sea investigado por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía.


En el mismo, explican que la reglamentación del programa de asistencia Pytyvõ 2.0 señala entre sus condiciones que para el acceso a este programa se estableció que en la familia del beneficiario o beneficiaria no puede haber uno o más funcionarios del sector público.

La Senac propuso a la Fiscalía como actos investigativos: Pedido de informes al Ministerio de Hacienda y a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) si la persona accedió a los programas Pytyvõ y Ñangareko, respectivamente.


También se solicitó a las telefónicas Claro, Tigo y Personal si la mujer tiene habilitada la billetera electrónica y a la Secretaría de la Función Pública que proporcione todas las funciones desempeñadas por el esposo.

Igualmente, solicitó al Ministerio Público que pida informes al Ministerio del Interior y al Registro Civil de las Personas sobre las funciones desempeñadas por el esposo y el estado civil de la denunciada.

La segunda etapa del subsidio lanzado el pasado 23 de agosto por el Gobierno apuntaba a beneficiar mayormente a trabajadores de zonas fronterizas, eventos, gastronomía, turismo, hotelería y artistas; además de los cotizantes del Instituto de Previsión Social (IPS) despedidos durante la pandemia, los cuentapropistas y los trabajadores informales dependientes de las Mipymes.